Narraciones de Desaparición Forzada en Ariari-Guayabero-Guaviare
*El informe presenta narraciones de la desaparición forzada desde la voz de las víctimas sobrevivientes que siguen en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.
*Con esta investigación se sigue incidiendo en la búsqueda de verdad y justicia para conocer los máximos responsables de las desapariciones forzadas en esta región.
El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB), en el marco del Macrocaso 08 “Crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado”, presenta este miércoles 10 de mayo en Villavicencio, el Informe “Narraciones de Desaparición Forzada en Ariari-Guayabero-Guaviare”, este informe presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), busca dar cuenta la magnitud del crimen de la desaparición forzada en esta región que comparten los departamentos del Meta y Guaviare.
Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Meta tiene un registro de 8349 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado mientras que Guaviare reporta 2961, de un universo a nivel nacional de 104.537 víctimas.
El informe “Narraciones de Desaparición Forzada en Ariari-Guayabero-Guaviare”, retrata el impacto generado por el crimen de la Desaparición Forzada, no solo a nivel individual en el núcleo familiar de la víctima directa, sino que incluye el análisis del efecto en el territorio y la colectividad social.
“Este crimen desestructuró y derrumbó las dinámicas y las acciones políticas y sociales propias de las comunidades campesinas, destruyó familias y condenó a cientos de ellas al exilio y al despojo, sentando un manto de impunidad que impide conocer la identidad de los responsables”.
Fragmento del Informe: "Narraciones de Desaparición Forzada en Ariari-Guayabero-Guaviare"
El Colectivo OFB, a través de la investigación, sistematización, y análisis de 49 casos, que agrupan a 62 víctimas, ocurridos en la región de los Llanos Orientales, hace un llamado para que la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, en el marco del macrocaso 008, dedique sus esfuerzos a esclarecer los crímenes de desaparición forzada cometidos por la violencia sociopolítica y el conflicto armado, en el Ariari-Guayabero, el Caguán, Florencia y zonas aledañas.
Los casos que han sido documentados a lo largo de la trayectoria organizativa de más de una década de trabajo del Colectivo OFB por la defensa, protección y promoción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de desaparición forzada en los Llanos Orientales, permite identificar que el pico más álgido de la
violencia entre 1981 y 2009, se presentó durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Estos hallazgos se complementan con la información contenida en el Informe del Colectivo OFB “Resistencia al olvido y a la impunidad” de 2021.
Esta información aportada debe ser tenida en cuenta por la JEP, en la medida en que se evidenciaron las cadenas de mando de las fuerzas militares, pasando por ministros, comandantes del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, comandantes del Ejército Nacional, Divisiones, Brigadas y batallones. Los 49 casos documentados, dejan ver la existencia de patrones de macrocriminalidad, como la estigmatización y selección de víctimas, el uso de informantes, amenazas previas, privación de la libertad, traslado de víctimas, torturas y otros tratos crueles e inhumanos, homicidios en persona protegida, ocultamiento de cuerpos de las víctimas, obstrucción a las investigaciones. Estos crímenes fueron cometidos bajo la justificación de una guerra contrainsurgente, presuntamente asociada para favorecer intereses económicos de particulares.
Las evidencias entregadas a través de este informe, requieren de un proceso de investigación y contraste de datos por parte de la JEP, para que posteriormente se judicialice y sancione a los máximos responsables. Ante la sociedad colombiana y las familias víctimas, se deben revelar los temas de interés, como lo son las circunstancias geográficas, económicas, sociales y políticas; la estructura y funcionamiento de las organizaciones y sus redes de apoyo para la criminalidad; las características del ataque, así como el reconocimiento de un presunto plan o política criminal, las razones de estas conductas, y especialmente el reconocimiento e identificación de las víctimas. Dicha información resulta fundamental para la entrega de personas dadas por desaparecidas, esto para la construcción de memoria colectiva, la reparación integral, el establecimiento de las garantías de no repetición, la paz y la justicia prospectiva.