La REDHPANA y el Gobierno Nacional realizaron encuentro para avanzar en Consulta Previa frente a la sustitución de cultivos ilícitos en el Pacífico Nariñense
Avanza el proceso de preconsulta
La Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense y Piedemonte Costero- REDHPANA, a través del fallo de acción de tutela del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, logró que se llevara a cabo la primera reunión de preconsulta para avanzar hacia la sustitución de cultivos ilícitos en el territorio.
El pasado 25 y 29 de mayo Álvaro Ramos, delegado de la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa, instaló la mesa para que las 109 autoridades de Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas presentaran la propuesta metodológica para la Consulta Previa,
El objetivo de construir la ruta y realizar la consulta, es cumplir con el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos étnicos, esta vez, en el marco de la erradicación y sustitución de cultivos de hoja de coca, pues las medidas legislativas y administrativas adelantadas por el Estado colombiano para la sustitución y erradicación, afectaron las formas de vida de las comunidades en el territorio del pacífico nariñense.
El fallo de tutela obligó a que las instituciones implicadas se reunieran en Tumaco para escuchar y garantizar el proceso de Consulta Previa. Durante el encuentro, los pueblos étnicos denunciaron ante la Procuraduría la inasistencia de la totalidad de instituciones que debían acudir al espacio, como lo dicta el fallo de tutela, sin embargo, la diligencia se llevó a cabo, y se dejaron varios puntos clave para iniciar la preconsulta.
“La región del pacífico nariñense y piedemonte costero se encuentra situada en la franja biodiversa más importante del trópico norte sobre el pacífico; una riqueza incalculable y hasta hoy inexplorada, sin embargo el racismo estructural, la falta de oportunidades, el desgobierno y la corrupción político administrativa, han sido el lastre que ha generado empobrecimiento de las comunidades étnicas del pacífico colombiano, además de servir como puerta de entrada a economías ilegales, tales como la minería ilegal, la caza indiscriminada de especies endémicas hasta su extensión, el extractivismo de especies maderables protegidas, la llegada de grupos armados ilegales y con ellos el cultivo de coca con fines ilícitos que ofrecen mejores condiciones de producción y comercialización en relación con las actividades productivas lícitas, carentes de garantías necesarias para su impulso y sostenimiento” Intervención de autoridad étnica en el acta del 29 de mayo 2023.
En primera medida se exigió agilizar el trámite de certificación y reconocimiento de las Autoridades Étnicas en la dirección de Asuntos Indígenas y Comunidades Negras del Ministerio del Interior, esto por la preocupación ante la inasistencia de varios funcionarios públicos.
También se expresó que el racismo estructural y el abandono, así como el desgobierno local y nacional, son las causas por las que el cultivo de hoja de coca se haya enquistado en el territorio. Se considera que este problema requiere de la adecuada articulación de Políticas Públicas integrales, que incluyan los saberes ancestrales desde la cosmovisión de los pueblos étnicos.
Entre las recomendaciones que se presentaron, podemos destacar la necesidad de que la Consulta Previa sea un requisito a la hora de implementar medidas de planes, programas y proyectos dirigidos a la superación de los cultivos ilícitos; que se acoja el bloque de Sentencias ya emitidas por la Corte Constitucional, para la protección de las comunidades; que se brinden condiciones de seguridad y garantías con enfoque diferencial para quienes intervienen en el desarrollo del proceso de consulta previa; y garantizar la creación de la Mesa Técnica de Alto Nivel, para atender los temas de las comunidades étnicas del Pacífico Nariñense y el Piedemonte costero.
Además, las autoridades indígenas y afrodescendientes, presentaron la ruta metodológica de Consulta Previa, la cual tendrá una una duración de 8 meses, en los que se espera realizar en primer lugar la preconsulta con el alistamiento de los insumos técnicos, certificaciones de todo tipo de autoridades en los territorios ancestrales; posteriormente la consulta previa con un despliegue de socialización de trabajo de campo a nivel comunitario, identificación de impacto y afectaciones, la concertación técnica entre pueblos y la expedición del decreto de la mesa regional, así como la protocolización.
Durante el encuentro, las autoridades reiteraron su disponibilidad para que el Pacífico Nariñense se convierta en una región piloto para la puesta en marcha de la Paz Total.
Las instituciones estatales que participaron fueron: la Autoridad Nacional de Consulta Previa, el despacho Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la Dirección de Política Antidrogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio de Defensa, la Agencia de Renovación del Territorio ART; el Instituto Departamental de Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, la Regional Nariño de Prosperidad Social, la Procuraduría Provincial de Tumaco, Defensoría del Pueblo seccional Tumaco y costa pacífica nariñense, la Personería, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco, la Alcaldía Municipal de Mosquera, entre algunos agentes de la Fuerza Pública así como los delegados de la Dirección Antinarcóticos.
Sobre la jornada de preconsulta, el líder Flavio Valencia comparte la siguiente reflexión:
Antecedentes del fallo
En el marco de las acciones de erradicación de los cultivos de coca de uso ilícito, el Estado colombiano, ha violado el derecho a la Consulta Previa de las comunidades étnicas en diferentes periodos de Gobierno. La erradicación manual, y la sustitución voluntaria, no tuvo en cuenta los modos de vida y actividades propias en los territorios colectivos y ancestrales.
Además, el despliegue institucional no atendió de manera eficiente a las familias que decidieron detener el uso ilícito de la coca, por ejemplo, en el año 2017, algo más de 17.200 familias accedieron a erradicar estos cultivos de manera voluntaria. Sin embargo, solo 1.035 familias recibieron los pagos prometidos por el Plan de Acción Inmediata. A corte de 2020 había por lo menos 30.000 solicitudes de sustitución voluntaria represadas y sin la atención eficaz del Gobierno Nacional, Departamental y Local, tal como se menciona en el documento del fallo de tutela.
Al mismo tiempo se reactivó la aspersión aérea con glifosato sin ningún tipo de acercamiento o reconocimiento del derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada.
Por tal motivo, y después de enfrentar un proceso ante diferentes instancias desde la REDHPANA y el Colectivo OFB, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en la Sala de Decisión Penal, en su calidad de administrador de justicia en nombre de la República, resolvió:
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Tutelar el derecho fundamental a la Consulta Previa de las comunidades que pertenecen a los territorios colectivos y ancestrales ocupados del pacífico nariñense.
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La suspensión inmediata de las actividades de erradicación forzada en los territorios colectivos y ancestrales.
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Que el Ministerio del Interior y demás entidades citadas por la tutela, adelanten las acciones para realizar la consulta previa con las comunidades accionantes.
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Y Solicitar a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación que de manera conjunta realicen el seguimiento a la orden impartida por el Tribunal.